Los manuales de buenas costumbres. III.

Los manuales de buenas costumbres.

El buen gobierno o serie de principios de procuración tanto del orden social y público -urgentes disposiciones orientadas a proscribir el desorden público- (A propósito de los bandos de buen gobierno véase Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán (en adelante Caihy), Actas de cabildo de Mérida, libro 21, 16 de octubre de 1827, f. 144v-145; Caihy, Impresos hojas sueltas, caja V-1833, Mérida, 5 de octubre de 1833, 043; Archivo General del Estado de Yucatán (en adelante Agey), Poder Ejecutivo, Gobernación, vol. 5, exp. 127.) como del orden político -representado por sujetos honorables-, (Caihy, Impresos hojas sueltas caja IV-1831, 21 de diciembre de 1831, 037.) tenía especial interés en la composición de un cuerpo político de acuerdo a tales principios.

La ley y el orden son categorías sustantivas del modelo social porque a partir de su coincidencia es posible concebir la existencia de las relaciones entre los individuos y los grupos de la sociedad. (Francisco Villacorta Baños y Teresa Raccolin, "Ciencia, arte y mentalidades en el siglo XIX", en El mundo contemporáneo: Historia y problemas, Barcelona, Biblos, Crítica, 2001, p. 310.). Según Alicia Hernández Chávez, el buen gobierno es aquel conjunto de prácticas políticas por medio de las cuales se pretende atemperar y ordenar los conflictos y tensiones en la sociedad. Constituye la manera de estructurar un cuerpo orgánico que medie por los intereses de la colectividad, ajustada a los modos de convivencia civil, según acuerdos y vínculos definidos por el orden político y social. Desde este punto de vista se revela "un ideal laico que por nacer de los hombres genera la convicción, compartida por todos, de que los derechos y responsabilidades alcanzados son compartibles y, en consecuencia, lo adquirido conlleva y acrecienta la necesidad de nuevos derechos y nuevas responsabilidades". (Hernández Chávez, La tradición, 1993, pp. 9-10.).

Por este motivo, desde el año 1826, se promovió la formación de los atestados de buenas costumbres o cartas de moralidad y buena conducta. Mediante esta práctica se impulsaba que los directores del orden cumplieran con los requisitos mínimos de la honorabilidad propia de su compromiso público con la ciudadanía. Las acreditaciones para algún cargo de la administración pública solían ser documentos conferidos por los síndicos del Ayuntamiento, previo examen de la conducta del futuro servidor público. (Los atestados de buenas costumbres todavía constituían un requisito a finales del siglo XIX. Sobre la moralidad administrativa ver La Razón del Pueblo, Mérida, 21 de marzo de 1881 y 4 de abril de 1881. Algunos ejemplos pueden verse en "Diligencias promovidas por Santiago Irigoyen para acreditar su moralidad y buena conducta", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 14-29 de enero de 1879; "Diligencias promovidas por Carlos C. Betancourt para acreditar su moralidad y buenas costumbres", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 12-13 de enero de 1880; "Diligencias promovidas por José Catalino Peniche rindiendo información para acreditar su mayor edad, moralidad y buenas costumbres", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 10-11 de marzo de 1880; "Diligencias promovidas por los Sres. Pedro y Alfredo Rodríguez para acreditar moralidad y buenas costumbres", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 5-10 de abril de 1880; "Diligencias promovidas por Luis Félix Gómez para acreditar su moralidad y buenas costumbres", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 2 de julio de 1880; "Diligencias promovidas por Antonio Castillo Vales para acreditar su moralidad y buenas costumbres", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 2-12 de agosto de 1880; "Diligencias promovidas por el ciudadano Gerardo Castillo para acreditar su moralidad y buenas costumbres", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 3-16 de agosto de 1880; "Diligencias promovidas por Rafael Castillo Echánove pidiendo certifcar su buena conducta y moralidad", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 9 de enero- 16 de febrero de 1881; "Diligencias promovidas por el C. Valentín E. Socarráz rindiendo información para acreditar su moralidad y buenas costumbres", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 11-24 de febrero de 1881; "Diligencias promovidas por el C. José de Santa Flora rindiendo información para acreditar su moralidad y buenas costumbres", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 11-26 de febrero de 1881; "Diligencias promovidas por el C. Fernando Buenfil para acreditar su moralidad y buena conducta", Agey, Justicia, Civil, s/clasif., Mérida, 21-23 de febrero de 1881. Los requisitos de honorabilidad y buenas costumbres también se extendían a las demandas de los empresarios solicitantes de empleados. El Eco del Comercio, Mérida, 22 de agosto de 1882.).

Empero, como la corrupción era un problema anidado en las estructuras de poder, la situación tampoco remedió los problemas del gobierno. Para tratar de zanjarlos, desde 1828 se autorizó la suspensión y el arresto de los empleados públicos que no ejercieran sus funciones conforme a derecho. ("Decreto derogando la exclusión que hace el artículo primero de la ley de 24 de octubre de 1826, sobre funcionarios públicos a quienes el Senado deba formar causa", Agey, Poder Ejecutivo, Decretos y leyes, caja II, vol. 1, Mérida, 9 de octubre de 1828; Caihy, Impresos hojas sueltas, caja IV-1831, Mérida, 21 de diciembre de 1831, 037. Véase también "Informe presentado el 13 de septiembre de 1833 por el R. Ayuntamiento de esta capital sobre la viciosa administración de los fondos del común y su urgente necesidad de su reforma", Mérida, Imprenta Espinosa, impresor del gobierno, Caihy, Folletos, caja II. 1831, 35. Sobre la administración pública véase "Bases para la administración de la República, hasta la promulgación de la constitución. Mérida, Imprenta de Mariano Guzmán", Caihy, Folletos, caja X. 1853, 02.)

Los derivados del mal gobierno, por lo tanto, siempre eran los mismos: la corrupción, los funcionarios incapaces (José María Luis Mora aducía oportunamente que "de nada sirven las mejores (leyes) si no hay costumbres y si hay flojedad o desidia en los funcionarios públicos encargados de su cumplimiento". Citado en Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana -Tratado de moral pública-, México, Colmex, 1998, p. 189.) y la inexistencia de un Estado fuerte y eficaz. El Estado, a pesar de leyes e instituciones inoperantes, logró poner en marcha los comienzos de un modelo moral. (Ibid., p. 100.).

La serie de medidas tendían a la creación de un marco social capaz de ofertar las condiciones que respondieran a los ideales comprometidos, vinculándose a una sólida estructura funcional que socavara aquellas prácticas de ruptura social que desde el régimen colonial habían lesionado la estabilidad pública. La incorporación de este discurso y de las políticas canalizadas a la defenestración de las costumbres populares y callejeras comunes a las formas de sociabilidad, son representativas del siglo XIX.

Los principios emanados de las orientaciones sociales del buen gobierno pretendieron imprimir un modelo de sociedad moral. El Estado administraba los bienes de la nación, gobernaba con justicia y proyectaba un modelo de nación que contribuía a la consolidación del capital nacional social y económico. Los individuos, en cambio, participaron en esta iniciativa a través de la ética social, su preparación en la educación y su contribución al trabajo honesto. El esfuerzo fue conjunto porque el Estado y el individuo asumieron un protagonismo social recíproco. Aunque son las relaciones de poder -entendidas como la capacidad de influir y condicionar tanto la opinión como la acción de los individuos- las que determinaban los cauces del progreso. Las ideas de moral y de progreso instauraron, al mismo tiempo, la noción de orden social. La preocupación de las autoridades decimonónicas se centró en la búsqueda del orden social, de un orden moralmente asequible en lo público y en lo privado, tratando de prevenir un desequilibrio de las condiciones estimulantes para el adelanto social. ("La moral da fuerza, porque coliga las inteligencias y las voluntades para hacer el bien. La moral civiliza, y la civilización es la luz que enseña el camino de las buenas acciones; y con la fuerza y la luz se puede atravesar una senda escabrosa y ver más allá de un horizonte sombrío. Sin moralidad, se relajan los resortes del orden social; los ciudadanos, hermanos entre sí por su origen y sus necesidades, se ven como enemigos y se desgarran cual tigres". El Siglo Diez y Nueve, Mérida, 28 de mayo de 1851. Véase también el "Discurso leído en sesión de la Academia, en 20 de enero de 1850, su autor, socio nato, el Sr. Lic. D. Nicanor Rendón", en Mosaico, Mérida, 1849.)

• Los manuales de buenas costumbres. I.
• Los manuales de buenas costumbres. II.
• Los manuales de buenas costumbres. III.
• Los manuales de buenas costumbres. IV.
• Los manuales de buenas costumbres. V.
• Los manuales de buenas costumbres. VI.
• Los manuales de buenas costumbres. VII.
• Los manuales de buenas costumbres. VIII.