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Los manuales de buenas costumbres. II.

Los principios de la urbanidad en la ciudad de Mérida durante el siglo XIX.

Universidad Autónoma de Yucatán
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Los manuales de buenas costumbres.

Sociedad moral: gobierno y educación.

El funcionamiento de la sociedad mexicana del siglo xix se rigió por una serie de normas morales que aspiraban a la reproducción de hombres formados en los ideales de la educación, de la moral y del trabajo, como raíces principales del progreso social. Un tratado de moral de la segunda mitad decimonónica decía, precisamente, que los deberes de los gobernantes de una sociedad son "conservar la tranquilidad pública, fomentar las ciencias y las artes, y hacer a sus gobernados morales y laboriosos". (Lázaro Pavía, Tratado elemental de moral, Mérida, Imprenta de J. D. Espinosa e Hijos, 1871, p. 35.).

Así, por moral se entiende el conjunto de responsabilidades y comportamientos considerados correctos según los estándares de la modernidad y, por ello, los ciudadanos debían tener la obligación de cultivar las recomendaciones de los diversos instrumentos dedicados a promover tales prácticas. La aplicación de la moral, por tanto, implicaba la consumación de un individuo cuyo comportamiento público y privado contribuyera a la nación, mediante su dedicación y esfuerzo en su trabajo, honestidad en los negocios, honorabilidad en sus relaciones sociales, justicia en su trato hacia los demás, virtuosismo en sus decisiones políticas, responsabilidad de sus acciones, etc. El ciudadano así formado presumía ser una persona que se distinguía de los demás por un conjunto de valores y de categorías de una conciencia moral, un comportamiento ético que revelaba el ejercicio de un código. El nacimiento del complejo cuerpo estructural durante el decimonónico temprano fue una tarea difícil que implicó la redefinición del ejercicio público. La representación del poder asumió el delicado compromiso de transformar una mentalidad formada con el espíritu propio del dominio, pretendiendo convertirla en una mentalidad inclinada hacia el progreso del país. El progreso fue el símbolo y la bandera instrumentada para forjar el incierto futuro nacional.

La moral en el proyecto político-social ocupó un lugar principal. Sin embargo, muchos factores impidieron su funcionamiento. El más importante fue, obvia decirlo, el prolongado clima de inestabilidad política, militar y económica que arrasó a todo el país después de la escisión del régimen español. El porfiriato (1876-1910) fue la etapa de ruptura de este desorden. En efecto, durante el último tercio de este siglo, la nación conoció la llamada "pax porfiriana", mediante la formación de un ejército y una policía plenamente establecidos. La política de orden y progreso configuró una nueva manera de entender la estabilidad nacional. La represión, a menudo brutal, y la presencia insistente de una fuerza militar preparada para extinguir cualquier movimiento de oposición o de desorden, al menos impulsó un clima de fingida tranquilidad social. (Un análisis detallado acerca de la política de orden y progreso puede encontrarse en François-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, tomo I, pp. 212-219. Porfirio Díaz, en un mensaje dirigido al Congreso, en 1904, dijo: "el único programa nacional y patriótico que mi gobierno se ha propuesto llevar a cabo desde el día en que el pueblo se dignó confiarme la dirección de los asuntos públicos, ha consistido en afianzar, con la paz, los lazos que antes sólo la guerra tenía el privilegio de estrechar. De esta forma se han vuelto sólidos y permanentes los ideales y las aspiraciones, manifestadas con una regularidad lamentable por las diferentes facciones de una misma e indiscutible nacionalidad" (Ibid., p. 235). Esta premisa de su mandato se complementa con su dicho: "Menos derechos y menos libertades a cambio de mayor orden y paz". De ahí se desprende el respaldo a Díaz: "Ya hemos realizado infinidad de derechos que no producen más que miseria y malestar en la sociedad. Ahora vamos a ensayar un poco de tiranía honrada, a ver qué efecto produce" (citado en Ibid., p. 384).).

Los gobiernos liberales y conservadores, alternados en el poder en las primeras décadas del México independiente, concibieron la ruptura con el antiguo sistema político basándose en la experiencia social europea. La nueva manera política se organizó a partir del buen gobierno y de las buenas costumbres. (A pesar de esta posición, los liberales acusaban a los conservadores de impedir esta política. Un artículo escrito en 1859 decía al respecto "los reaccionarios (los conserva dores) son enemigos de las luces (...) siendo una necesidad de la época que los pueblos se reorganicen con arreglo a las exigencias del siglo para que puedan alcanzar las ventajas que produce la civilización, deber es de todos cooperar a ese fin, y obran contra la razón, son enemigos de la perfectabilidad social, de la humanidad entera, los que combaten las reformas y se empeñan en detener el desarrollo de las luminosas ideas que hacen florecer a las naciones que marchan por la senda del progreso, haciéndolas cada día más prósperas, más fuertes, más grandes en todos los sentidos y bajo todos los aspectos". El Constitucional, Mérida, 13 de julio de 1859.).

El nacimiento de la clase política y burocracia nacionales, así como de una inédita conformación institucional, privilegió en gran medida la instauración de un régimen que interpretó a la sociedad desde la óptica de principios morales necesarios para el correcto funcionamiento colectivo. Es decir, asumió que el hombre debía proceder de acuerdo a una serie de ordenamientos emanados de la legislación para contribuir a la construcción de una sociedad regida por un buen gobierno y, en consecuencia, de un país progresista.

De esta manera se estableció un acercamiento con la moral. La base del sistema moral era la instrucción de la población por medio de las leyes, de la educación, de los manuales de buenas costumbres y, más tarde, de la prensa. El conjunto de normas, virtudes y convicciones morales fue utilizado por la administración pública para justificar su discurso progresista. En éste se hacía hincapié de la necesidad de un derecho con leyes inteligentes para sistematizar y optimizar los valores del orden jurídico, de las responsabilidades y de los derechos individuales. Esta moralidad pública procuró la edificación de una nueva configuración política, destinando una parte significativa de sus esfuerzos para reestructurar el cuerpo administrativo en todos los grados, como la plataforma funcional que promovería el camino hacia la modernización.

La necesidad de abogar por autoridades competentes, capaces de mediar por un cambio y mejorar las difíciles condiciones, fue un ingrediente crucial. Este fue el motivo que estimuló la incorporación de los notables en las tareas de gobierno. (Los catecismos políticos servían para la ilustración de los "hombres públicos". El propósito de estas obras consistía en proporcionar conocimientos acerca de derecho patrio, político y constitucional, de economía política, comercio y agricultura, considerados indispensables en las tareas de gobierno. Ma. Estela Eguiarte Sakar, "Historia de una utopía fabril: la educación para el trabajo en el siglo XIX", en La participación del Estado en la vida económica y social mexicana, 1767-1910, México, inah, 1993, p. 289.).

La apuesta por las personas notables, por su modo honesto de vivir y por su forma de razonar, (Las bases de este derecho se fundamentan en la idea de que el aspirante de algún cargo público debe poseer los medios suficientes para ejercerlo -"modo honesto de vivir"-, además de poseer la capacidad intelectual para ello -notable por su modo de razonar-. Alicia Hernández Chávez, La tradición republicana del buen gobierno, México, Fondo de Cultura Económica, Colmex, 1993, p. 22. Véase también el trabajo de María del Carmen Salinas Sandoval, Política y sociedad en los municipios del Estado de México (1825-1880), Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 1996, pp. 41, 43.) con el objetivo de garantizar el mejor cumplimiento del marco administrativo, político y jurídico, no siempre se cumplió. A pesar de las medidas arregladas, la corrupción -enseñoreada desde los tiempos españoles- continuó existiendo y evitó la creación de una administración moralmente eficiente. (Las medidas emprendidas al respecto durante el imperio de Maximiliano pueden verse en La Nueva Época, México, 29 de julio de 1864.).

 

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